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En la actual crisis sanitaria derivada de la COVID-19, desde FEVAS subrayamos la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual, con autismo o parálisis cerebral, en el acceso a la salud y la atención sanitaria. Pese a que la evidencia científica indica que la discapacidad intelectual o del desarrollo “per se” no suponen un factor de riesgo, sí que este colectivo presenta una prevalencia de algunas enfermedades físicas aproximadamente de 2.5 veces superior a la de la población general. Entre ellas, algunas afecciones relacionadas con el mayor riesgo de enfermar gravemente a causa de la COVID-19.

A este condicionante, se unen barreras relacionadas con el propio sistema sanitario, que en este colectivo impactan de forma significativa: información compleja y expresada en un lenguaje técnico, la falta de toma de conciencia de sus necesidades de apoyo por parte del personal sanitario o la falta de acceso a las personas de referencia en el proceso de atención, entre otras. Obstáculos que pueden generar situaciones de indefensión o incluso discriminación.

Ante esta realidad, FEVAS ha insistido en la importancia de garantizar el artículo 25 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con una comunicación dirigida a los principales agentes del sistema público de salud.  Por otro lado, ha incidido en la necesidad de impulsar medidas relacionadas con el desarrollo de protocolos específicos de atención, la disponibilidad de equipos especializados, la accesibilidad cognitiva de los servicios sanitarios y la coordinación sociosanitaria.

Garantizar el derecho a la salud es una responsabilidad que nos atañe a  todas las personas, las organizaciones e instituciones, y en FEVAS nos hemos propuesto propiciar esta colaboración con el fin de  mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias.